España en la UCI

España se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, como un enfermo vigilado por los doctores del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante muchos años, en España, una gran parte de la población olvidó que el sistema capitalista está sometido a crisis cíclicas y se dedicó a vivir por encima de sus posibilidades. Muchos se autoengañaron pensando que el crecimiento económico experimentado durante los últimos años de bonanza económica no tenían fin, pero tuvieron que despertarse del sueño en medio de una pesadilla.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España ha alcanzado una tasa récord de desempleo, 4.910.200 parados. Es decir, un 21,29% de la población en disposición de trabajar, el doble que la media de la Unión Europea. Solo entre enero y marzo del 2011 se han destruido 256.500 empleos. Aunque maticemos las frías estadísticas diciendo que nunca en España ha habido tantos trabajadores en activo (18.151.700), el porcentaje es terrible para cualquier país desarrollado. Si bien es cierto que nunca se ha alcanzado el pleno empleo, el objetivo de cualquier país serio es tener el mínimo paro posible.

Como nos informa el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta crisis ha generado 2,4 millones de puestos de trabajo desde su inicio. Su impacto en la sociedad ha sido tan fuerte que ha provocado el retorno de unos 30.100 inmigrantes que no veían claro su futuro en España y el cierre de una cantidad brutal de pequeñas y medianas empresas. En todas las grandes ciudades españolas, los locales cerrados, en venta o en traspaso, se han incorporado al paisaje urbano de una manera alarmante.

Si nos remontamos al pasado hay que recordar que en el 2007, el paro se situó en 7,95 %, es decir, 1,76 millones de parados. Esta crisis ha superado de largo la que se produjo a principio de los noventa. Aunque el paro alcanzó en 1994, el 24%, la población total se ha incrementado desde entonces.

El gran aumento del paro se ha disparado durante los tres últimos años como consecuencia de la crisis económica internacional y del desplome del sector de la construcción, que junto al turismo eran los que sustentaban la economía española. La crisis financiera global ha provocado un descenso considerable del turismo, uno de los pilares de la economía, y unas normas más estrictas para conceder créditos han provocado el desastre económico al que estamos asistiendo. Por lo que respecta al sector inmobiliario, durante muchos años, a los diferentes gobiernos nacionales, PP y PSOE se les fue de las manos este sector que se sobrevaloró de tal forma que se desligó de la realidad económica.

En la actualidad, muchas familias se ven obligadas a destinar un sueldo en su totalidad para cubrir el alquiler o la hipoteca de una vivienda.

Durante los años de bonanza económica, el sector inmobiliario se desligó de los sueldos reales provocando una "burbuja" que presionó los precios al alza de las viviendas. La sobrevaloración en el sector se ocultó otorgando a los que contraían un préstamo hipotecario más años para pagar. En poco más de dos décadas, se ha pasado de 20 años a 30 o 40 para pagar una vivienda.

Como los alquileres y las hipotecas estaban tan igualados, algo que nunca debió permitir el gobierno, ya que no estamos en un libre mercado perfecto y es un derecho universal, mucha gente se ilusionó pensando que podrían ser propietarios algún día y se dedicaron a comprar. Para algunos solo se trataba de una manera de ahorrar, que con el paso del tiempo te podría convertir en propietario.

A mucha gente se le olvidó que las crisis son habituales en nuestro sistema económico y se dedicaron a vivir por encima de sus posibilidades recurriendo a préstamos fáciles para solucionar problemas que no eran tan importantes. El préstamo para todo se generalizó, superando la adquisición de una vivienda o la compra de un vehículo, y se utilizó para ir de vacaciones, cambiar los muebles o comprar electrodomésticos. Este acceso al préstamo fácil dinamitó los estratos sociales creando una falsa idea de riqueza entre la clase media que se creía rica y las clases más humildes que se creyeron de clase media, provocando que mucha gente descartara el ahorro. Para eso ya estaban los bancos. Muchos nunca pensaron en la posibilidad de quedarse sin empleo, pero esa amenaza era real.

Si bien es cierto que la crisis ha golpeado a todos de manera contundente, son los inmigrantes los que se han llevado la peor parte. La tasa de desempleo entre los inmigrantes es del 32%, un tercio de los inmigrantes en situación regular. Es bien conocido que en tiempo de crisis económica el recelo hacia los inmigrantes se incrementa por los prejuicios existentes y porque representan una competencia para los autóctonos. Los inmigrantes representan el 12% de la población, pero diferentes estudios señalan que solo representan el 6,8% del gasto en los servicios sociales.

Cuando mucha gente afirma que colapsan los servicios sociales se trata de un problema de percepción, multiplicado por el racismo o la xenofobia inconciente que despierta su presencia en algunos autóctonos. 

Durante el primer trimestre del 2011, se han sumado unas 54.300 familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. En esta situación existen en todo el territorio nacional, un total de 1,4 millones de hogares, lo que representa un grave peligro de exclusión social, a pesar de las ayudas del gobierno. Hoy en día no es extraño ver el drama al que se enfrenta mucha gente cuando se les acerca el final del subsidio por desempleo. Si estos individuos son desempleados de larga duración con más de 45 años, el panorama se convierte en un trauma, desembocando en algunos casos en violencia doméstica o en el suicidio.

Hay que tener en cuenta que el tiempo pasa muy rápido, y dos años, tiempo que dura el subsidio por desempleo, pasan volando.

El panorama para los jóvenes es igualmente desalentador, ya que el 45,4% de ellos está en paro o amenazados por la precariedad laboral. En algunos casos la juventud ha vuelto a  casa de los progenitores o han retomado los estudios con la esperanza de encontrar un trabajo mejor y más estable al tener mayor formación. Como ha ocurrido tradicionalmente, Andalucía (29,6%), Canarias (28,5%) y Murcia (26,1%) son las comunidades autónomas con más desempleo. ¿Qué pasaría si el número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero (1.702.778), según el Padrón de Españoles en el Extranjero (PERE) decidiera regresar a la madre patria?

La burbuja inmobiliaria explotó en el 2008, y desde entonces el precio de la vivienda ha descendido un 15,4%. Según la Comisión Europea, el parque inmobiliario en España, todavía tiene los precios sobrevalorados en un 17%. Para la consultota Morgan Stanley los precios en el mercado inmobiliario aún pueden caer un 10%. El precio medio del metro cuadrado en España se sitúa alrededor de los 1.164 euros el metro cuadrado.  

Como consecuencia de la grave situación económica que vive el país, la morosidad en las entidades crediticias ha aumentado de manera alarmante, ya que mucha gente no puede hacer frente a una reducción de sus ingresos y al aumento de los tipos de interés, en caso de haber contraído un préstamo con interés variable. Ante tal panorama, los inversores y la gente que posee un capital importante prefiere no arriesgarse, ya que la situación podría ir a peor. 

En España, al contrario que en otros países como Estados Unidos, los que contraen un préstamo inmobiliario no pueden saldar la cuenta entregando la vivienda a la entidad que la vendió. En caso de no poder pagar solo existen dos salidas. Renegociar el préstamo, es decir, alargar los años para reducir las cuotas o dejar de pagar hasta que la vivienda resulte embargada y se produzca un desahucio.

Vender no es posible porque las viviendas se han devaluado y poca gente puede comprar. El inconveniente de la segunda opción es que la deuda no desaparece, y mucha gente se ha quedado sin vivienda y con una enorme deuda, ya que muchos abusaron del préstamo incluyendo al comprar la vivienda,  garaje, coche, electrodomésticos o muebles.            

Visto desde la actualidad, da la sensación de que el gobierno improvisa en muchas ocasiones las medidas a tomar para detener la hemorragia de cierres de empresas y pérdidas de trabajo. Hace poco tiempo, quizás obligado por la Comisión Europea, se ha querido imponer que el gasto público no pueda crecer más que el PIB. En caso de superarse se tendrían que aumentar los impuestos, algo que los sindicatos no verían con buenos ojos. España es uno de los países de la Unión en donde se pagan menos impuestos, un aspecto muy criticado por los países del norte de Europa.

Desde hace algunos años, la economía española arrastra el problema que supuso la entrada en la zona euro, ya que la inflación se disparó a causa del aumento de los precios y la estabilización de los sueldos, más el famoso "redondeo" que ayudaron a encarecer el costo de la vida. A todo esto habría que añadirle la última subida del IVA y el aumento en el precio de los carburantes que han elevado la inflación hasta el 3,8%. Se prevé que el Euribor, el tipo de interés del mercado interbancario seguirá subiendo.  

España, al igual que Italia o Grecia, arrastra desde hace muchos años, el problema de la economía sumergida, es decir, aquella que no está sometida a los impuestos del Estado. Para intentar solucionar el problema de la economía sumergida, el gobierno ha dado a los empresarios hasta el próximo 31 de julio para dar de alta o legalizar a los trabajadores que no estén afiliados a la Seguridad Social, y sancionará con multas de hasta 10.000 euros a las personas que cobren el paro y trabajen al mismo tiempo.

Otro de los problemas crónicos que afectan a la economía española es la desestructuralización del mercado laboral. No hace demasiado tiempo, muchos padres pensaron que enviando a sus hijos a la universidad les garantizaban un empleo bien remunerado, de modo, que se despreció la formación profesional. Se marginó de tal manera que se llegó a pensar que esta vía de estudio era para los estudiantes menos listos. Este es el principal motivo de que nunca, ni durante los años de bonanza económica, se haya llegado a reducir el paro por debajo de los dos millones de personas.

Como consecuencia de la crisis y de la mala gestión, Islandia se declaró en bancarrota y amenazó con llevar ante los tribunales a los gestores públicos que llevaron a esta situación. Grecia e Irlanda necesitaron unos 100.000 millones de euros cada uno y Portugal más de 78.000 millones para salir a flote. Emitir bonos para que los bancos y los inversores extranjeros los compren tiene sus problemas. El más directo y lógico es que ese dinero prestado hay que devolverlo con unos intereses añadidos dentro de 5 o 10 años.

Da la impresión de que aunque España no esté en la misma situación que estos países, los 4.000 millones de euros que el Gobierno espera recaudar con la deuda soberana, parece una cortina de humo, si tenemos en cuenta el dinero necesario para rescatar a un país como España. Da la impresión de que el gobierno solo intenta ganar tiempo, mientras busca una solución, ya que está en juego la independencia económica.

Si el Banco Central Europeo interviene podrían quedar al descubierto los excesos y las barbaridades que se han realizado con el erario público. Una vez se produce un rescate económico, lo siguiente es que se produce una etapa de recesión de unos dos años y aumente el paro, como ocurre en el vecino Portugal. Está previsto que el paro luso aumente del 11,1% histórico al 13% en el 2013.    

A pesar de que la crisis económica está golpeando de manera dura a España, PP y PSOE se mantienen a la expectativa de que cualquier acontecimiento importante incline la balanza hacia uno u otro. La diferencia en intención de voto entre ambos partidos es escasa teniendo en cuenta el contexto socioeconómico. Resulta curioso que con la que está cayendo, el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza no vea una victoria clara en las próximas elecciones. La opinión pública y el Partido Popular (PP) son conscientes de que esta crisis no es solo culpa del gobierno en funciones. Como aconsejan algunos analistas políticos, "Mientras menos hable, mejor señor Rajoy". Es lo que muchos en su partido piensan, pero no se atreven a decir. Criticarlo todo no es la solución cuando se aspira a ser presidente del Gobierno.  

Obligado, quizás, por la Comisión Europea y por las circunstancias excepcionales, el gobierno se ha visto obligado a imponer una serie de medidas anticrisis y coyunturales, como es el caso de las pensiones. Endurecer las prejubilaciones y retrazar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Son medidas necesarias que hay que tomar a pesar de que no gusten a una parte de la población si se pretende salvar el estado del bienestar. España tiene margen para crecer y salir de la actual situación, a pesar de los agoreros. Los lasos históricos y culturales con el continente americano y algunas empresas multinacionales demuestran que la crisis también se puede superar si el Estado pone de su parte e implementa una serie de duras reformas.

Como muchos expertos afirman, se trata de medidas necesarias, a pesar de que las elecciones estén a la vuelta de la esquina.

El dilema al que se enfrentan muchas empresas españolas para sobrevivir es la reestructuración empresarial o la deslocalización, con las pérdidas de empleo que ello conlleva. De momento, los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT ponen en duda la necesaria reforma laboral aprobada en el 2010, como quedó de manifiesto en los actos del primero de mayo, Día de los Trabajadores. El Gobierno ha advertido que habrá serios recortes en servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones.   

Aunque el Gobierno español (PSOE), y la oposición (PP), quieran transmitir optimismo, el enfermo español está en la UCI y tardará unos cuantos años en ser dado de alta o en sanarse, ya que la enfermedad de la economía es crónica y necesita un largo proceso de curación. Se calcula que el crecimiento aproximado sea solo del 2% hasta el 2020.

Alcides Pimentel Paulino

Publicado en El Nuevo Diario Dominicano (Mai 2011)