¿Qué está pasando en Honduras?
Los acontecimientos que están teniendo lugar en Honduras inundan en la actualidad todos los medios de comunicación como si de una película por capítulos se tratase. Lo sorprendente del caso es que casi todos los corresponsales y lumbreras del mundo no se detienen a analizar las raíces de dicho conflicto. Sin esta necesaria explicación, la opinión pública internacional tiende a interpretar el "affaire" como una riña entre políticos de un pequeño país, y no como un asunto que afecta a la democracia latinoamericana y mundial.
Para comprender que está pasando en Honduras, y en muchos otros países latinoamericanos, hay que remontarse al desastre que supuso para los pueblos indígenas la colonización. La clave de este conflicto, está en la propiedad de la tierra, y en concreto en el decreto 18 del 2008, en el que se concreta la reforma agraria que impulsa el gobierno de Manuel Zelaya desde el Instituto Nacional Agrario (INA). Este decreto intenta legalizar las tierras que muchos campesinos han ocupado desde hace décadas. El inconveniente es que dichas tierras pertenecen a los grandes terratenientes, que al mismo tiempo suelen ser políticos conservadores.
Por este motivo, a nadie puede extrañarle que la mayoría de los golpistas, sean al mismo tiempo terratenientes, como el propio Micheletti, quien, por ejemplo, posee grandes fincas en la costa norte de Honduras.
Honduras no es un país industrializado, ni posee un sector turístico importante, sino que se trata de un país en el que la propiedad de la tierra es uno de los bienes más valiosos. De hecho una de las empresas más importantes del país es la multinacional Standart Fruit Company.
Durante el proceso colonizador, los colonos y sus descendientes, los criollos, ocuparon las mejores tierras de los países colonizados, dejando las peores a los indígenas, un problema crónico que ha dejado a los "autóctonos" sin medios de producción y marginados o excluidos de los proyectos de identidad de muchas naciones. Ya en 1963, otro golpe de Estado terminó con una propuesta de redistribución de tierras. Comprendiendo el meollo de la cuestión, a nadie puede extrañarle que el apoyo a Zelaya en las zonas rurales sea tan importante.
Con esta reforma agraria, con el conocido como bono técnico y con al aumento de los salarios a las capas más bajas, Zelaya goza de una gran popularidad entre los pobres, el problema es que como en toda América Latina, los medios de comunicación están controlados por una minoría conservadora criolla que acalla o confunde lo que ocurre en todos estos países.
En Honduras solo el 12% de las tierras pertenecen al 72% de la población rural, mientras que un 44% de la población rural no tiene tierras. Si a esto le añadimos que el 68% de la población del campo vive en condiciones de extrema pobreza, según la ONU, solo era cuestión de tiempo que el conflicto se produjese. No hay que olvidar que Honduras forma parte del ALBA, junto a países como Bolivia, Venezuela, Ecuador Nicaragua o Cuba, países que intentan reequilibrar la injusta redistribución de los recursos que produjo la colonización.
Micheletti no puede obligar a que los embajadores extranjeros reconozcan su gobierno después de un claro golpe de Estado. El ultimátum de diez días de Roberto Micheletti, el presidente de facto de Honduras, a Zelaya y a Brasil, es un acto desesperado que podría obligar a que la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comunidad Internacional tomen cartas en el asunto sin ambigüedades, atendiendo a las reglas democráticas.
Manuel Zelaya no eligió la embajada de Brasil al azar, sino que tuvo en cuenta que se trata del país latinoamericano con más peso en la región, y que además cuenta con un gobierno de izquierdas. La patata caliente ahora está en el tejado del presidente brasileño, Lula da Silva, quien está casi obligado a mediar en el conflicto, algo que de paso le haría ganar influencia como potencia emergente en la región y socio privilegiado de Washington y su nueva política multilateralista.
Según Susan Rice, embajadora de Estados Unidos en la ONU., el problema debe de arreglarse en otro foro político como es la OEA. De esta manera, tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos, pasaron de puntillas sobre el delicado asunto. Lo cierto es que a medida que va pasando en tiempo, el gobierno golpista se va encontrando en un callejón sin salida, ya que la Comunidad Internacional comienza a condenar de manera clara el golpe de Estado y a dar la espalda al gobierno de Micheletti. Su decisión de no dejar entrar una delegación de la OEA y el desastre económico que supuso su toque de queda son claros síntomas de su nerviosismo.
Hasta el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, retiró la ayuda económica y el apoyo logístico para las presidenciales del 29 de noviembre. En los últimos días hasta el presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, ha mostrado su rechazo al gobierno de los golpistas.
Si en el exterior, Estados Unidos, Brasil y España, los tres países con más influencia en la región ya han condenado, aunque de manera superficial, el golpe de Estado, a Roberto Micheletti y a los suyos solo les queda una salida digna, o quedarse aislados, empujando al país a una catástrofe que aún se puede evitar. Se sabe que hasta el embajador estadounidense, Hugo Llorens apoya a Zelaya, aunque en algunas ocasiones disimule su imparcialidad.
Hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cree que lo más coherente es que Zelaya termine su mandato. La historia se repite. Ya en la década de los sesenta, el dictador Tiburcio Carias Andino expulso a Ramón Villeda Morales a Costa Rica. Para ser más exactos, desde 1963 a 1980, los gobiernos militares se han sucedido en Honduras, un país demasiado acostumbrado a los golpes de Estado.
Aunque Micheletti intente dar una imagen de unidad y fortaleza, ante las instituciones, hasta en el Ejército se empiezan a escuchar voces discordantes, como las del general Romeo Vásquez, jefe de la Fuerzas Armadas de Honduras. Ni en el Congreso ven claros las decisiones de Micheletti, ya que su decretazo entró de inmediato en vigor, sin esperar a ser ratificado por el Congreso. Una de sus medidas más controvertidas, por ejemplo, se produjo al atacar la libertad de expresión con el cierre del Canal 36 y de Radio Globo, afines a Zelaya y con la prohibición de las reuniones públicas no autorizadas, algo más típico de un dictador que de un presidente que respete las reglas democráticas.
En mi opinión, los emisarios están perdiendo el tiempo, ya que ambos políticos parecen más dispuestos a desencadenar una guerra civil, que a dar su brazo a torcer. De hecho, por sus propias declaraciones, Zelaya nunca ha aceptado el golpe de Estado, y se considera presidente legítimo del país.
Tanto la OEA. como la ONU, deben tomar una decisión rápida e impedir por la fuerza un baño de sangre innecesario, como sugiere el secretario general de la primera, José Miguel Inzulsa. El "acuerdo de San José", que impulsó el presidente costarricense, Oscar Árias, al incluir la restitución condicionada de Zelaya es el camino a seguir; ya que el depuesto presidente debería de finalizar su mandato.
Zelaya está refugiado en su propio país, aunque a efectos legales la embajada de Brasil es como un apéndice del territorio brasileño. Mientras todo se va enredando cada vez más, Zelaya, lejos de calmar los ánimos, le pide a sus seguidores que se preparen para la batalla final, unas palabras que fomentan la desobediencia civil, ya que a medida que va pasando el tiempo se hace cada vez más evidente que única solución clara es que Zelaya vuelva al poder y acabe su mandato, que Micheletti renuncie, y que ninguno de ellos pueda presentarse en las próximas elecciones.
De no ser así, la Comunidad Internacional tendría que intervenir utilizando la fuerza, una opción que no debería producirse, salvo en un situación desesperada.
Aunque Micheletti repita que él será presidente hasta el 27 de enero, cuando asuma el cargo el ganador de las elecciones que se celebrarán el 29 de noviembre, no parece que el conflicto se vaya a prolongar tanto tiempo sin desembocar en una guerra civil.